INCOMPETENCIA

¿Conoce el ciudadano de a pie a quién corresponde las competencias en materia de sanidad, educación o vivienda? Lo dudo. El común de los mortales depende de la sanidad y educación públicas para garantizarse esos dos derechos fundamentales, que de otra forma serían inasequibles. El precio de la vivienda, tanto vía hipoteca como vía alquiler, influye de forma drástica en la contabilidad familiar y en la calidad de vida que nos podemos permitir como consecuencia. Estos tres ámbitos, determinantes para cubrir las necesidades materiales de la inmensa mayoría de la población, dependen de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias por parte del gobierno nacional, cuya función es armonizar e inspeccionar la actuación de las comunidades. Por lo tanto, culpar al gobierno central es señal de incompetencia ciudadana que desconoce los responsables.

¿Cómo es posible entonces que la gente vote PP mayoritariamente y VOX siga creciendo si su desprecio por lo público es patente y notorio?. Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, gobernadas por PP, están a la cola del gasto sanitario por habitante en el Estado. Ahora Ayuso en Madrid dice que si los alumnos en las aulas públicas están a 30 grados que ajo y agua. La educación privada o concertada concentra al 45% del alumnado. Aunque bueno, Ayuso gestionó las residencias de ancianos donde fallecieron 7291 personas durante la pandemia del covid, y posteriormente consiguió un número de escaños considerablemente mayor en las elecciones autonómicas. De todo hay en la viña del señor. El gobierno central aprobó una ley de vivienda (a todas luces insuficiente) pero las comunidades del PP no la ponen en práctica, no vaya a ser que los fondos buitre se forren un poco menos. Eso sin contar con que son parte interesada puesto que casi todos son dueños de varias viviendas. Todo ello es consecuencia de la incompetencia voluntaria por parte del poder legislativo en manos de las comunidades del PP. Hay que limitar por ley el precio del alquiler, del que dependen el 25% de los hogares.

O suben los salarios o bajan los alquileres o las dos cosas. De nada sirve que haya récord de empleo si el sueldo no alcanza. El precio de la vida sube muy por encima del incremento de los salarios. La subida del SMI puede servir para empujar el resto de salarios al alza, pero sin una lucha sindical real y activa que vele por la calidad de vida de los trabajadores, esto no va a ocurrir jamás de los jamases. La última huelga general por motivos laborales tuvo lugar en 2012. La mayor conflictividad laboral ocurre en Asturias y Euskadi lo que produce como resultado unas mejores condiciones. El margen de beneficios empresarial se sitúa en máximos históricos lo que implica que el poder de la patronal es inmensamente superior al poder sindical, que se muestra manifiestamente incompetente para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población, y se ha ido contentando con migajas.

Para superar la incompetencia: información, conciencia de clase y poder popular organizado.