Consultas democráticas

Seguro que, si planteo que oponerse a ellas es, a veces, más sensato que hacerlas, lo más lógico será pensar que nos encontramos ante un posicionamiento poco democrático. 

Completo este planteamiento hipotético con un hecho que, probablemente, nos haga aceptar que no todas las consultas a la ciudadanía son democráticas, sino que ni siquiera son consultas.

Ahí está el referéndum, entre otros, a la población en 1947 sobre la ley de sucesión a favor del Dictador. No era consulta, ni democrática, porque la situación de 1947 no se caracterizaba por ambas cualidades, dado que era una Dictadura, y no un Estado de Derecho.

Hoy sabemos que existen decisiones del poder político que, antes de tomarse, deberían pasar por el cedazo de una consulta popular. ¿Cuáles? Aquellas que, al desarrollarlas, acarrearán un impacto social importante en la vida de las personas y en el entorno donde viven. Pero no solo por eso. También, porque no existe una ley democrática que contemple cómo debe hacerse esa obra específica. Porque, si existe, no habrá necesidad de hacer ninguna consulta.

Lo mismo sucede con el Monumento a los Caídos. Me explico. Resulta que una organización política ha iniciado una campaña proponiendo la demolición de dicho edificio, tras previa consulta popular, pues “la ciudadanía debe decidir”.

Aparentemente, una propuesta muy respetuosa y democrática, ¿verdad? Pues no.

Me temo que la ciudadanía no tiene nada que hacer en esta historia. Pues, a diferencia de esas obras de construcción gubernamental, con impacto social, donde no existe una legislación monda y lironda sobre ellas, sí la hay relacionada con monumentos de significación franquista, según una ley de la Memoria Histórica. Y el Monumento a los Caídos es, como el del Valle, la representación más genuina de la putrefacción fascista como instrumento de exaltación, no solo de los golpistas más señalados, sino de humillación a las víctimas que sufrieron la represión de tales militares perjuros y antidemocráticos.

La demolición de los Caídos no necesita ningún acuerdo de la sociedad, ni su visto bueno. Ni siquiera el acuerdo de los políticos. Pues, según la ley, la suerte del Monumento ya está echada.

Pues se trata de una cuestión que ya está resuelta por una ley específica.  Hacer una consulta popular sobre la demolición del Monumento sería cuestionar la propia ley con la que, probablemente, estén de acuerdo aquellos que propician dicho referéndum. Es una redundancia innecesaria. Así que, sin necesidad de rizar tanto el rizo democrático, bastaría con aplicar la ley de la memoria Histórica al Monumento y asunto concluido.

¡Booom!