Financiación de la Iglesia

La financiación de la Iglesia apenas ha variado con los diferentes gobiernos. Y, desde que entró en vigor en 2007, como consecuencia del acuerdo entre la jerarquía católica y el gobierno de Zapatero, tampoco. En virtud de dicho pacto, los ciudadanos solicitan a Hacienda que destine a la Iglesia un 0,7% de su contribución por IRPF, cantidad detraída que automáticamente deja de estar disponible para sufragar cualquiera de los otros gastos del Estado. El monto económico que recibe la Conferencia Episcopal apenas varía, aunque la crisis económica también le afectó: de los 252,7 millones de euros de 2008 bajaría a 247,1 en 2013, (un 3,5% menos).

Por término medio, la asignación asciende a unos 250 millones al año, lo que significa que de 2007 a 2018, la Iglesia se habría embolsado 3000 millones de euros. En este año de 2019, la Iglesia ha invertido en publicidad nada más y nada menos que 10 millones de euros para pedir a la ciudadanía que marque la casilla de la declaración destinada para su beneficio. En concreto, el 50 por ciento de ese presupuesto, cinco millones, lo ha invertido en televisión, un 20 por ciento en radio y un 14 por ciento en redes sociales. Parecerá un despilfarro, pero no lo es. Piénsese que la Iglesia se juega el botín de 300 millones, que son los que obtuvo en 2018 por esa vía tributaria. Pero una partida es la de Hacienda y muy otra es la que recibe del Estado por otros cauces y en modalidad de subvenciones - conciertos educativos o sanitarios- y, por supuesto, de las exenciones fiscales que disfruta, el IBI de los inmuebles destinados al
culto. Ignoro qué piensa el Estado, porque esta exención, la del IBI, incluso en inmuebles alquilados, se mantiene en vigor pese al fallo del Tribunal de Luxemburgo, que dictó sentencia contra las ayudas de Estado al estamento eclesial por esa vía. La Iglesia percibe de los fondos públicos un importe de 11000 millones anuales, lo que equivale al 1% del Producto Interior Bruto (PIB), en números redondos. Luego, nos echamos la mano a la incipiente calvicie al ver que el fondo de pensiones está cada vez más magro.

Nos preguntamos, a veces, por qué razón la Iglesia sigue manteniéndose firme como una roca a pesar de que, como señala la fundación Ferrer i Guardia, el número de católicos ha bajado al 26% y que las personas que marcan únicamente la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta han bajado al 14,2%. La causa es muy sencilla. Sin el dinero que recibe del Estado la estructura eclesial se vendría abajo estrepitosamente. Es el propio Estado no confesional quien está manteniendo con el dinero de los contribuyentes el entramado de la Iglesia. Si dejara de recibir un euro del Estado y solo de sus feligreses, la Iglesia dejaría de ser ese gallo peleón que picotea a su antojo donde quiere y como quiere. Es bueno que el ciudadano sepa que esta asignación tributaria está, en primer lugar, redirigida por la Conferencia Episcopal a las distintas diócesis, que administran el 80% de esos 300 millones. La segunda tajada de dicho saqueo se dedica a la Seguridad Social del clero (16,3 millones de euros en 2016); luego, Cáritas (6,2 millones) o a la Universidad Pontificia de Salamanca (6 millones de euros). De esta misma fuente gratuita y pública, y en tercer lugar, beben los obispos en concepto de sueldo, que ascendió a la suma de 2,2, millones en 2016.

Por último, sería bueno que la ciudadanía no fuese tan ingenua o no se dejara engañar cuando hacen la declaración de la renta. Olvídense de tachar cualquier casilla. Esta supuesta libertad opcional tiene trampa. La casilla de la Iglesia y la destinada a obras  sociales son la misma bolsa, hecha con piel coriácea del diablo. Aunque parezca mentira, ese dinero recaudado se destina a las mismas manos, porque esas obras sociales en su mayor parte están explotadas por la Iglesia a través de una red extensa de organizaciones cristianas que proclaman actuar “sin ánimo de lucro” y como buenos samaritanos. La obra social no conviene dejarla en manos de la caridad que, por regla general, no es nada amiga de la Justicia. De hecho, cuanta más caridad hay en un país o en un Estado, mayor es su nivel de Injusticia estructural.