La Religión como asignatura es anticonstitucional

Aseguran doctos juristas que vivimos en un país constitucionalista y que lo que sucede en él debe ser centrifugado por el túrmix de la Carta Magna, porque, si no, puede peligrar el Estado de Derecho. Ahí es nada, el Estado y, si es de Derecho, para qué contar. Estamos ante un concepto comodín con el que cada día que pasa nos lo refrotan por los bigotes para justificar cualquier tropelía ocasionada por la impericia de los políticos. Y como el Estado de Derecho no dice nada, pues, eso, será lo que digan sus intérpretes y su valedor secular: el Ejército.

Desengañémonos, el Estado de Derecho sin la legítima violencia del Estado es nada. Una abstracción más. Cuando este Estado de Derecho peligra, no lo salva el Tribunal Supremo, sino la Guardia Civil.

A pesar de la constitucionitis de los políticos, desde 1978 nada se ha hecho por desarrollar el artículo 16.3: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Nos la clavaron bien con el término cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones. Claro que, si se repara en el texto constitucional, en ningún momento se dice que el Estado se compromete a que la enseñanza de la religión se impartirá en el currículum del sistema educativo. Solo desde la presión que ejerce el Concordato del Estado con la santa Sede es posible dicha enajenación civil, haciendo que la situación actual se parezca tanto al nacionalcatolicismo franquista.

La Iglesia Católica sigue manteniendo con el Estado la misma relación jurídica establecida entre Estados, manteniendo unos Acuerdos que siguen siendo Botín de Guerra, obtenido tras la cooperación intensa de la Iglesia con los golpistas en 1936. La cooperación del Estado con la Iglesia nace de ese fondo corrupto, que establece una dependencia malsana, además de atentar contra la soberanía popular. Un acuerdo así, producto de una situación lo más parecida a un genocidio, no debe mantenerse en pie por mucha adaptación que se hiciera de él en 1976 y 1979.

De este fondo y no de ninguna ley educativa deriva la decisión del Gobierno del Cambio Navarro anunciando que para el curso que viene la religión musulmana será asignatura de enseñanza, vía Madrid.

No me repetiré sobre el asunto, pero me gustaría recordar que el objetivo de la religión consiste en estudiar las relaciones que el ser humano establece con un Ente llamado Dios o Alá. Así que lo primero será saber quién es este Dios, de dónde ha salido y qué pinta en el currículum. Al tratarse de una realidad intangible, no empírica ni verificable por los sentidos de la carne y del cerebro, en modo alguno debe ser objeto de estudio científico; a lo sumo, teológico o catequístico, es decir, supersticioso. Estamos ante una materia inflamable para el adoctrinamiento en un credo determinado que un Estado aconfesional no debería permitir en una institución pública.

Y no alarmarse cuando conceptúo la religión como superstición. La palabra latina de la que procede se refiere a todo lo que está por encima de lo establecido. Su significado abarca observaciones que van desde los objetos de temor religioso hasta los tabúes, las creencias religiosas y supercherías concretadas en amuletos, ensalmos, curanderismo, oraciones a imágenes milagreras y besos a escapularios, brazos incorruptos o a restos del leño de la Cruz del calvario o de Aralar.

La religión convertida en asignatura atenta contra la racionalidad y solo puede despertar relaciones vagarosas con un Ente invisible. Una escuela pública, que es institución del Estado, aconfesional y laico, no debe dar acogida a una enseñanza que no participe de saberes y conocimientos basados en la racionalidad.

La servidumbre política ante esta nueva intromisión del poder religioso es denigrante. La culpa la tiene el chachá del Concordato, pero no solo. Tiempo tuvieron los partidos, excepcionalmente el PSOE, para romper dicho nudo gordiano y propiciar el desarrollo legislativo del artículo 16 de la Constitución en todos sus ámbitos.

La enseñanza de la religión en la escuela es fruto de un Concordato perverso, por lo que, con más razón aún, puede asegurarse que estamos ante un delito contra la aconfesionalidad que defiende la Constitución, por la que tanta devoción profesan los defensores del artículo 155. Estaría bien que mostraran el mismo fervor constitucional para defender el artículo 16. Al fin y al cabo, es hijo de la misma madre.