Sin deudas no hay paraíso

Ahora que Eurostat ha obligado a España a contabilizar 35.000 millones de deuda procedente de la Sareb, la deuda pública española se sitúa en el 120% del PIB. La Sareb fue financiada con recursos públicos que suponían un 95,31% del total, pero el porcentaje de propiedad accionarial público solo fue del 45,68%. Al mismo tiempo, los socios privados que aportaban solamente el 4,69% de la financiación total, se quedaban con el 54,33% de las acciones. Además, se compraron los inmuebles, el suelo y los créditos por 18.000 millones de euros más de su valor de mercado.

Esas viviendas, oficinas, hoteles y solares se deberían considerar públicas y ponerlas en el mercado como parque de vivienda pública. Si las deudas de la SAREB son públicas, las viviendas de la SAREB son públicas también.

Se ha rescatado a la banca con ya más de 88.520 millones de euros, de los que se ha recuperado una minucia (el Estado enchufó solo en Bankia la friolera de 22.424 millones de euros públicos y del que tan solo ha recuperado 3.303 millones). Como siempre, socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, como ocurrió con la venta de las empresas públicas allá por los 80 y 90 de la mano de Felipe Gonzalez y Jose Maria Aznar. Este último alardeaba ufano de que en España se construía más que en Alemania, Francia e Italia juntas. Esa fue la magnitud del pelotazo urbanístico, del que se lucraron los de siempre a costa del resto de la población. Nosotros costeamos el desmadre y la codicia de los ricos y los corruptos que implementaron esos planes y provocaron la posterior crisis de deuda.

Un grupo de países ricos que determina las normas mundiales sobre fiscalidad corporativa, la OCDE, es responsable de más de dos tercios del abuso fiscal corporativo mundial (245 mil millones de dólares en impuestos corporativos perdidos al año), según informa el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos 2021. En España se dejan de recaudar anualmente 60.000 millones de euros por evasión fiscal y 190.000 millones por ingeniería fiscal. El total supone más del triple del gasto anual en sanidad pública. Por su parte, las grandes fortunas españolas tienen 150.000 millones de euros ocultos en paraísos fiscales. En cuanto a las empresas, algunas como Netflix solo pagan al año en nuestro país 3.146 euros de impuestos, lo mismo que tributa en la declaración de la renta un trabajador con 24.000 euros de ingresos anuales. Y para terminar, los principales bancos europeos, incluidos el BBVA y el Santander tienen hasta 25.000 millones de euros en paraísos fiscales. Debemos reprogramar nuestro sistema fiscal mundial para que priorice el bienestar y los medios de vida de las personas por encima de los deseos de quienes están empeñados en no pagar sus impuestos. Las normas sobre dónde y cómo las empresas mundiales pagan impuestos corporativos deben ser establecidas por la ONU según los principios de la democracia, no por un pequeño grupo de países ricos a puerta cerrada. Para ello se necesitaría también que los embajadores ante la ONU representaran realmente a su pueblo y no a los grandes empresarios.

Al comienzo de la crisis financiera de 2008, el grueso del endeudamiento se debía, principalmente, a la deuda privada de las empresas y de la banca. La deuda en sí misma es un negocio. Múltiples agentes financieros se enriquecen con la compra de la emisión de deuda pública. Los bancos nacionales reciben prestados millones de € del BCE a un 1 % de interés. Con ellos, sanean sus cuentas… y compran deuda pública, que les rentará una media del 5%. Las maneras en las que la deuda privada se transforma en deuda pública han sido totalmente antidemocráticas. En agosto de 2011 se llevó a cabo una reforma sin referéndum de la Constitución que expone en su artículo 135.3: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Esta reforma supone que el pago de la deuda pública tendrá prioridad absoluta sobre el resto de los gastos públicos, como la sanidad y la educación.

Resolviendo estos 3 problemas de base: deuda ilegítima, rescate bancario y evasión y elusión fiscal, viviríamos todos muchísimo mejor, porque el común de los mortales necesita sanidad y educación públicas, transporte público y pensiones públicas de calidad. Lo que no necesitamos es poder tomar una caña después de trabajar.